DELIBERA PERÚ

La participación ciudadana es cualquier acción que ciudadanos y ciudadanas realizan para influir en las decisiones de gobierno en todos sus niveles. 

Estas acciones pueden ser tanto individuales como colectivas o asociativas. 

Existen varios mecanismos, formales o informales, de participación. Desde votar hasta participar en reuniones vecinales o de asociaciones civiles, o incluso inscribirse en o apoyar a una organización política. Desde expresar opiniones en redes sociales hasta protestar, pedir o ser consultado sobre decisiones que nos afectan a todas y todos, etc.

En el Perú, la participación ciudadana se da a través de diferentes mecanismos que facilitan:  

• la expresión de opiniones, 
• la elección de autoridades, la consulta pública,
• la rendición de cuentas y la manifestación de demandas.   

Estos mecanismos pueden presentarse a título personal o colectivamente, y su alcance puede ser tanto local o regional como nacional. Comprender y utilizar estos mecanismos es clave para asegurar que las voces de todos los peruanos y peruanas sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones de gobierno. Conoce más en los siguientes enlaces: 

• Mecanismos de participación 
• Mecanismos para ejercer control o exigir cuentas 
• Mecanismos para participar directamente en la toma de una decisión

En su mayoría, los distintos mecanismos de participación ciudadana son institucionales y suelen ser aplicados a nivel local.
Por eso, la cuna de las iniciativas de participación ciudadana se da a nivel local y los principales mecanismos que se aplican son:

• Las juntas o comités vecinales, que son un grupo de ciudadanos y ciudadanas que, en representación de un grupo más grande de vecinos/as, participan en actividades de coordinación y fiscalización en sus respectivos distritos.
• Comité de gestión de obras, que es un órgano de observación que se activa a nivel local para ser parte activa de la organización de obras de infraestructura. 
• Organizaciones sociales de base de diversas temáticas.

Cabe resaltar que, según hemos visto, los mecanismos de consulta, los de iniciativa o propuesta ciudadana, al igual que los de participación directa, están vinculados a la deliberación ciudadana. Sin embargo, algunos mecanismos de naturaleza similar a la deliberación no están institucionalizados ni son promovidos en el Perú actualmente.

Ahora que conoces más sobre la participación ciudadana y sus principales mecanismos en el Perú, es momento de explorar las propuestas y argumentos que discutiremos en esta sección. 

Durante el proceso, abordaremos dos propuestas y aquí encontrarás los argumentos a favor y en contra de cada una: 

1. El voto en el Perú debe ser voluntario 
2. Sobre la institucionalización de la deliberación en gobiernos locales

En el Perú existen los siguientes mecanismos de participación institucional según nivel de alcance:

En Perú, la forma más común de participación política es votar.
Desde 1980, todas las personas mayores de 18 años, sin importar su sexo o nivel educativo, tenemos el derecho de elegir a quienes tomarán decisiones a nombre nuestro (como presidente/a, congresistas, alcaldes/as, gobernadores/as, etc) y también de ser elegidos.

En nuestro país el voto es obligatorio hasta los 70 años.

Aunque el voto en el Perú es universal, el interés en acudir a votar ha disminuido. Entre quienes acuden a votar, se ha visto un incremento en el número de votos en blanco o nulos.
La baja participación electoral y el alto número de votos blancos y nulos pueden indicar falta de interés de los y las votantes, y/o de confianza en el proceso electoral.

Sin embargo, como ciudadanos y ciudadanas también podemos y tenemos el derecho a participar en política y aspirar a ocupar cargos de representación. Esto se da a través de organizaciones políticas y requiere de cumplir de algunos requisitos mínimos.

Estos mecanismos están orientados a que la ciudadanía pueda expresar opiniones sobre propuestas legislativas y otras decisiones importantes antes de que sean implementadas. 

En el Perú cualquier persona puede brindar una opinión sobre un proyecto de ley ordinario y, en ciertos casos, también puede ser consultada sobre aquellos proyectos que afecten su modo de vida, como sucede con la consulta previa.
 
a) Consejos de Coordinación
 
Las instancias más conocidas bajo este rubro son los Consejos de Coordinación Local (CCL), que pueden establecerse a nivel provincial y distrital; y los Consejos de Coordinación Regional (CCR).  

La participación en estos espacios es asociativa, es decir que quienes participan son representantes de organizaciones sociales de base, de comunidades campesinas y nativas, asociaciones, gremios empresariales, juntas vecinales, entre otras. Incluso a nivel provincial se puede contemplar la participación de representantes de gremios profesionales y de universidades. No se participa a nivel personal. 

Estas instancias tienen como principales funciones coordinar y gestionar el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), revisar y proponer priorizaciones de inversión según nivel de gobierno, así como proponer iniciativas de fondos de inversión privada para promover mayor desarrollo local. 

Los PDC se elaboran en coordinación con las organizaciones que integran los consejos de coordinación para determinar criterios de inversión y asignación de presupuestos por resultados.
 
b) Consulta previa
       
La consulta previa es un mecanismo de diálogo a nivel local, orientado a la consulta específica sobre proyectos que puedan afectar las condiciones de vida de pueblos indígenas u originarios y comunidades campesinas o nativas. 

Este mecanismo, impulsado por el Estado, busca alcanzar acuerdos sobre “las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos colectivos de las comunidades. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de cumplimiento obligatorio para ambas partes” (Ministerio de Cultura, 2021). 

En este proceso participan los representantes de las comunidades junto a los representantes de las instituciones públicas que promueven la consulta. Las mismas comunidades también pueden presentar una petición de consulta para iniciar un proceso de consulta previa o incorporarse a uno existente.

Este mecanismo solo se aplica en localidades consideradas como pueblos indígenas u originarios o comunidades campesinas según el Ministerio de Cultura.
 
c) Audiencias públicas
Son instancias de consulta iniciadas y promovidas por el Congreso de la República, donde congresistas convocan a representantes de organizaciones para emitir su opinión sobre proyectos de ley temáticos. Estas pueden hacerse en formato virtual o presencial.

Un grupo de personas puede presentar un proyecto de ley al Congreso para proponer leyes que cambien la Constitución o tengan otro objetivo. 

Similarmente, en los niveles regional y local, también se pueden proponer ordenanzas municipales o regionales. 

Para hacerlo, primero se deben reunir un determinado número de firmas ciudadanas según el tipo de iniciativa: Para las iniciativas de ley y de reforma constitucional se requiere el 0.3% de la población electoral nacional. Si se trata de una ordenanza, el 1% del número de electores de un distrito, provincia o región. 

Si se reúnen las firmas, la iniciativa debe ser considerada por la asamblea respectiva.

Existen formas de participación donde la ciudadanía puede expresar su descontento o apoyo a determinadas políticas o situaciones. Estas acciones pueden influir en la agenda pública y presionar a las autoridades para que respondan a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía. 

Los ejemplos más comunes son las protestas, marchas, plantones, toma de plazas públicas, activaciones artísticas, e incluso el uso de redes sociales para expresarse públicamente.   

a) Protesta social

La protesta social es una forma de participación ciudadana en la que las personas expresan su descontento o apoyo a través de manifestaciones, marchas, huelgas, y otras formas de movilización colectiva. 

La protesta social puede influir en las políticas públicas y promover cambios significativos. Cabe destacar que la ley no ampara la comisión de delitos para protestar, como la toma de lugares públicos o el cierre de carreteras.  

 b) Protesta digital

La protesta digital se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente las redes sociales, para expresar opiniones, organizar movimientos, y movilizar a la ciudadanía. 

La protesta digital puede incluir campañas de hashtags, peticiones en línea, y la difusión de información sobre causas sociales y políticas. Al igual que la protesta social, la protesta digital es una herramienta poderosa para influir en la opinión pública y presionar a los gobiernos y otras instituciones para que actúen en respuesta a las demandas ciudadanas.

La militancia política es el compromiso activo y constante de las personas con una ideología, un partido o un movimiento político. Este compromiso va más allá de la mera simpatía por una causa; implica participar directamente en actividades como campañas electorales, manifestaciones, reuniones, y labores de organización. 

Otra característica clave de la militancia política es su capacidad para fortalecer la cohesión interna dentro de un partido o movimiento. 

Los y las militantes actúan como enlaces entre la dirigencia y la base, facilitando la comunicación y asegurando que las decisiones estratégicas sean entendidas y apoyadas por todas y todos sus seguidores.

Además de los mencionados, también existen: 

• Mecanismos para ejercer control o exigir cuentas 
• Mecanismos para participar directamente en la toma de una decisión

La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía para hacer preguntas a las autoridades sobre cómo utilizan los recursos públicos asignados (“ejecución presupuestal”) y otros ingresos directos, como los arbitrios o impuestos prediales[* ].

En el Perú, lo central sobre rendición de cuentas puede resumirse así:

Características de los mecanismos de rendición de cuentas en Perú

Fuente: Ley Nº 26300 y sus modificatorias

Por otro lado, a nivel de control, el mecanismo más utilizado es el de la revocatoria. 

La revocatoria es un derecho de la ciudadanía para destituir a autoridades elegidas a nivel subnacional como alcaldes/as, regidores/as, gobernadores/as y vicegobernadores/as, consejeros regionales y jueces de paz. 

Desde 2015, solo se realiza la revocatoria una vez en cada mandato: el segundo domingo de junio del tercer año de mandato. Por ejemplo, para el actual periodo regional y municipal iniciado en enero de 2023, la consulta popular de revocatoria será el 8 de junio de 2025. 

Anteriormente, tras la revocación de la mitad o más de los miembros de un consejo reg ional o municipal, se realizaban nuevas elecciones para reemplazar a estas autoridades. Desde 2015, estas elecciones adicionales fueron eliminadas.
En el Perú, lo central sobre revocatoria puede resumirse así:

Características de las revocatorias en Perú

Fuente: Ley Nº 26300 y sus modificatorias

Gráfico 1. Autoridades convocadas a revocatoria y autoridades revocadas (1999 – 2021)

La ciudadanía también tiene derecho a presentar una solicitud para remover a autoridades designadas por el Gobierno, ya sea central, regional o local.

Para ello, se debo comprar un kit electoral a través de la ONPE para recaudar firmas de ciudadanos que se adhieran a la solicitud.

Un referéndum es una votación para aprobar o rechazar una norma o potencial norma[*]. 

Los principales aspectos del referéndum se resumen así:

La consulta vecinal es un mecanismo contemplado en la Ley de Demarcación y Organización Territorial que busca resolver conflictos de delimitación territorial. 

Estos procesos deciden la delimitación o creación de distritos y sus principales características son:

El presupuesto participativo es un proceso de consulta, coordinación y participación a través del cual la sociedad civil puede participar y colaborar en la priorización de proyectos de inversión en sus respectivas localidades. 

Sus principales características son:

Anualmente, cada municipio provincial y distrital tiene sus procesos de convocatoria a los agentes participantes de la sociedad civil.

La representación es actuar en nombre de otra persona. En democracia, hablamos de representación política cuando las personas que obtienen cargos públicos toman decisiones en nuestro nombre. 

Las y los peruanos delegamos un mandato a través del voto a representantes, quienes tienen a su vez la responsabilidad de tomar decisiones que persigan el interés común de toda la ciudadanía y tomen en cuentas las opiniones, preferencias, demandas e intereses de los diferentes grupos que componen esa ciudadanía. 

Para ello, en una democracia contamos con diversos mecanismos de representación. A continuación, exploraremos los diferentes tipos de representación a través de las siguientes categorías:

La democracia representativa es un sistema de gobierno en el que la ciudadanía elige a sus representantes a través de elecciones periódicas para que tomen decisiones y formulen leyes en su nombre. 

Las autoridades y representantes electos se encargan de generar o promover políticas públicas que consideren los mejores intereses, demandas y agendas de la ciudadanía.

EN RESUMEN:

La democracia representativa combina la elección de representantes con la participación ciudadana continua para crear un sistema de gobierno que refleja y responde a la voluntad del pueblo.

Las instituciones de representación son instituciones formales dentro de la estructura del Estado en las cuales tenemos a nuestros representantes, quienes fueron elegidos por las y los ciudadanos mediante mecanismos que aseguran su representatividad. Estas instituciones desempeñan un papel esencial ya que proporcionan los espacios donde las y los representantes debaten y deciden sobre políticas y leyes. 

Infórmate sobre las Instituciones de Representación en el Perú aquí

En Perú, la gente no se siente bien representada por los políticos ni por los partidos. Esto ha llevado a que muchas personas desconfíen de las instituciones y no se sientan conectadas con la política.

Por un lado, la relación entre el poder Ejecutivo y el Congreso es muy tensa. Esta falta de cooperación dificulta la toma de decisiones importantes y los avances en políticas públicas, creando inestabilidad y frenando el desarrollo del país. Por otro lado, los propios partidos políticos están en crisis. Existe una oferta muy amplia, lo cual dificulta que se articule una agenda pública.

Finalmente, encontramos también una situación de baja representatividad de grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad, como son los pueblos indígena y afroperuanos, las mujeres, los jóvenes, la población LGTBIQ y las personas con discapacidad.

Las acciones afirmativas son medidas temporales para reducir y enfrentar situaciones de desigualdad que limitan las oportunidades de ciertos grupos sociales para disfrutar o ejercer sus derechos y generan discriminación.
Estos grupos pueden:

• tener menores ingresos económicos,
• tener características étnico-culturales específicas,
• ser de cierta edad o género,
• haber sufrido violencia, entre otros factores.

Además de aumentar la cantidad de representantes de grupos excluidos, las acciones afirmativas han buscado que las instituciones que gobiernan el país representen mejor los intereses y necesidades de estos grupos.
Las leyes de acción afirmativa que existen o han existido en el Perú son: Cuotas electorales,  paridad y alternancia y escaños reservados.

Son reglas que obligan a los partidos políticos y movimientos regionales a incluir un cierto número de candidaturas de grupos afectados por las desventajas descritas anteriormente.   

En el Perú existen o han existido tres tipos de cuotas: Cuota de género, cuota de comunidades campesinas o nativas y cuota de jóvenes.

Es la norma que establece que al menos el 50% de las candidaturas en las listas electorales presentadas por cada organización política sean mujeres (paridad) y que estas listas estén intercaladas según sexo (alternancia). Es decir, si quien encabeza la lista electoral es hombre, la siguiente persona debe ser mujer, y así sucesivamente. 

Si bien la paridad es un principio político para garantizar una democracia paritaria, se le considera una acción afirmativa porque establece mínimos de participación.

Presencia histórica de las mujeres en el Parlamento

Son reglas que establecen que un porcentaje de los asientos en un órgano representativo (como el Congreso de la República o los Consejos Regionales o Municipales) debe ocuparse solo por personas de grupos históricamente excluidos. 

Esto puede hacerse creando listas electorales separadas para estos grupos o estableciendo distritos electorales especiales. Por ejemplo, en nuestro país, los peruanos y peruanas residentes en el extranjero eligen dos representantes en el Congreso de la República.

Ahora que conoces más sobre la representación política y sus principales mecanismos en el Perú, exploremos las propuestas y argumentos que discutiremos en esta última sección. 

Durante el proceso, abordaremos tres propuestas y aquí encontrarás los argumentos a favor y en contra de cada una: 

• Sobre los movimientos regionales 
• Sobre escaños para poblaciones indígenas, originarias y afroperuanas 
• Sobre cambiar una parte de los congresistas cada dos años y medio

Las instituciones de representación son instituciones formales dentro de la estructura del Estado en las cuales tenemos a nuestros representantes, quienes fueron elegidos por las y los ciudadanos mediante mecanismos que aseguran su representatividad. 

En el caso peruano podemos destacar al:   

a. Gobierno Ejecutivo, a nivel Central (presidente/a y vicepresidente/a) 

b. los Consejos Regionales (incluyendo al gobernador/a regional, vicegobernador/a regional, y  las y los consejeros/as regionales) 

c. los Concejos Municipales (incluyendo a alcaldes/as y regidores/as) 

d. Legislativo (congresistas) 

Estas instituciones desempeñan un papel esencial ya que proporcionan los espacios donde las y los representantes debaten y deciden sobre políticas y leyes.  

La efectividad de estas instituciones depende de su capacidad para funcionar de manera abierta y responsable, permitiendo el escrutinio público y la rendición de cuentas.  

La elección de representantes para estas instituciones depende de diferentes procesos electorales (ver Tabla).  Por ejemplo, para la elección de presidente y vicepresidente, se elige hasta con dos procesos electorales (primera y segunda vuelta, la cual se gana con el 50% + 1 de los votos válidos).  

Por su parte, la elección de los cargos de representación para la función legislativa (las y los congresistas) depende de un sistema proporcional. Es decir, que el número de votos se traduce proporcionalmente a un número de escaños por un período de actividad parlamentaria de 5 años.  

Cabe precisar que los partidos políticos deben cumplir con la valla electoral para no perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es el número mínimo de votos que necesita un partido político para colocar parlamentarios en el Congreso. Para cumplirla, se necesita contar con el 5% de los votos válidos y haber alcanzado al menos 5 escaños.

Formas de elección para cada autoridad:

Un aspecto crucial de la democracia representativa son los vehículos de representación, los cuales incluyen a las organizaciones políticas, que son agrupaciones de personas con ideas y programas comunes. 

Las diversas organizaciones políticas compiten en procesos electora les, que deben ser libres, justos y transparentes para garantizar que reflejen la voluntad del pueblo. 

De esta forma, se garantiza que haya alternancia en el poder y que las autoridades que conforman las instituciones de representación se renueven periódicamente. 

Además de reclutar y presentar candidaturas, las organizaciones políticas también cumplen otras funciones, como proponer programas políticos e impulsar ideologías, ejercer poder en las instancias de gobierno donde participan y agregar los intereses de la ciudadanía, ya que congregan a un gran número de ciudadanos.

En una democracia representativa, las organizaciones políticas son importantes porque, a través de ellas, la ciudadanía se asocia para agregar la gran variedad de intereses de la sociedad, proponer programas de gobierno, postular candidatos en elecciones y formar gobiernos. 

Su principal objetivo es acceder al poder político. Para ello, estas organizaciones deben contar con una estructura que incluya: 

• un aparato administrativo, que les permite organizarse y funcionar.
• un programa político, que responde a las necesidades o demandas sociales.   

En Perú, se admiten dos tipos de organizaciones políticas: 

• Los partidos políticos
• Los movimientos regionales

Ambas son organizaciones políticas que compiten en los procesos electorales que nos llevan a elegir a nuestras autoridades, pero unos tienen alcance nacional y los otros solo regional y local. 

Los partidos políticos, de alcance nacional, pueden participar tanto en las elecciones generales (presidencial, congresal, parlamento andino) como en las regionales y municipales. Mientras que los movimientos regionales, de alcance exclusivamente regional y local, solo pueden participar en elecciones regionales en cada uno de los departamentos.

Actualmente, contamos con 35 partidos políticos y 88 movimientos regionales inscritos[*] en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde 2015, los movimientos regionales han ido ganando mayor representación en los gobiernos regionales y locales, superando a los partidos políticos en victorias electorales a nivel regional y local.  Sin embargo, las organizaciones políticas han perdido credibilidad y apoyo entre la ciudadanía por los constantes escándalos de corrupción donde se vinculan a diferentes actores políticos.

Proporción de cinrcunscripciones regionales ganadas por tipo de organización política, 2002-2022

Proporción de circunscripciones municipales, provinciales y distritales ganadas según tipo de organización política, 2002-2022

 Cabe destacar que la representación es multinivel. Es decir, se desarrolla en diferentes instituciones como las que pertenecen al poder Ejecutivo (que incluye al gobierno central, gobierno regional y local) y Legislativo, pero también en espacios de decisiones locales entre la misma sociedad civil (juntas vecinales, organizaciones sociales, culturales, entre otras).

La cuota de género, vigente desde 1997 y eventualmente reemplazada por la paridad, exigía que al menos el 25% de las candidaturas que cada organización política presentaba en sus listas electorales sean mujeres.

En 2002, una reforma constitucional estableció una cuota para representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas y nativas, en las listas de candidatos a elecciones regionales y municipales. 

Esta ley indica que al menos el 15% de las candidaturas para consejos regionales y cargos de regidurías provinciales provengan de estas comunidades; y se aplica en las áreas donde dichas comunidades existen.

Candidaturas indígenas a consejerías regionales 2006-2018

Circunscripciones con cuota indígena

^{Fuente: INFOgob. Elaboración: Equipo de Investigación DNEF *A partir de 2014 el JNE diferenció el número de provincias con cuota indígena de consejerías regionales de las provincias con regidurías provinciales, por lo que se presenta el número de circunscripciones a nivel diferenciado.}

En 2006, se introdujo una cuota de jóvenes en las listas de candidaturas para elecciones municipales provinciales y distritales. 

La ley electoral indica que al menos el 20% de la lista de postulantes a regidoras/es deben ser jóvenes entre 18 y 28 años (cumplidos hasta el día en que vence el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas). 

Gracias a estas medidas, cada vez hay más representantes juveniles y de comunidades campesinas y nativas y/o de pueblos indígenas en las instancias de gobierno regional y municipal.

Proporción de autoridades jóvenes electas a alcaldías distritales y consejerías regionales, 2022-2022