Tener dos cámaras en un Congreso y que ambas lleguen a acuerdos para la toma de decisiones, implica tener mayores incentivos y posibilidades para el debate y la deliberación antes que la imposición.
Habría una mayor revisión y reflexión antes de tomar una decisión y se evitaría que las decisiones sean producto de actos intempestivos, irreflexivos o apresurados. Por ejemplo, si decide interpelar, censurar o negar la confianza a un ministro o ministra (control político) o formar una comisión investigadora, habría mayor debate y análisis por parte del Congreso.
Las dos cámaras son importantes para la aprobación de leyes (función legislativa), debido a que los proyectos o iniciativas legislativas serían debatidos más ampliamente antes de su aprobación. Esto incrementa las probabilidades de una mayor calidad técnica y acuerdos políticos más sólidos.
Sabías qué…
Un ejemplo que se usa para defender la bicameralidad, es la propuesta para la estatización de la banca de 1987. La propuesta fue aprobada en la cámara de Diputados, pero cuando llegó a la cámara de Senadores, se incorporaron modificaciones sustanciales (como que la propiedad podía ser trasladada a los trabajadores antes que ser entregada al Estado). Esto, junto con otras medidas judiciales y cuestionamientos de la opinión pública, permitió reducir los efectos de esa propuesta de estatización de la banca.
Con la bicameralidad, la cámara de Diputados, representará a la población y electores (en función del tamaño del departamento que lo elige), y en el Senado, se pueda representar y expresar el interés nacional. Ello se produce si es que se decide que la cámara de Senadores sea elegida por todo el país, es decir, por la totalidad del territorio nacional que determina quienes ingresan a esta cámara. Al ser elegidos de este modo, hay mayores posibilidades de que respondan a un interés nacional, antes que a intereses regionales o locales.
Al existir dos cámaras, se contribuye a que exista un mejor equilibrio de poder al interior del Congreso al ejercer sus funciones.
En otras palabras, los grupos políticos al interior del Congreso pueden encontrar diversos mecanismos para vincularse con el Poder Ejecutivo, para emitir leyes, para ejercer sus funciones de fiscalización y representación, y que esto derive en acuerdos luego de un debate democrático.
Ello puede generar que haya un poder compartido entre los diferentes grupos y que se moderen las diferentes posiciones, antes que se radicalicen desde un único punto de vista o enfoque. Hay mayor necesidad de coordinar y arribar a consensos con las demás agrupaciones para ejercer las funciones parlamentarias.
Un Congreso con dos Cámaras requiere que ambas cámaras estén de acuerdo en muchos actos. Ello también puede derivar en un mayor tiempo para la toma de acuerdos.
Con dos cámaras existe una mayor complejidad y un mayor tiempo para la toma de decisiones y para la aprobación de leyes.
Para aprobar una iniciativa legislativa, se requiere que las dos cámaras se pongan de acuerdo y eso podría generar que no avance o que se bloquee el procedimiento de aprobación, especialmente si estas dos cámaras tienen mayorías que provienen de fuerzas políticas opositoras.
Asimismo, cuando existe una falta de acuerdo entre ambas cámaras del Congreso, es posible que medidas con apoyo de la población o reformas necesarias no sean finalmente aprobadas. Esto podría causar que la ciudadanía busque soluciones fuera del derecho (o fuera de las normas legales y constitucionales).
Actualmente, existen diversos problemas tanto al interior de los grupos políticos como en el propio funcionamiento del Congreso.
Por ejemplo, que los grupos parlamentarios no siempre obedecen a la disciplina partidaria; es decir, no adoptan decisiones como bancada o grupo, lo que se refleja también en la votación sobre los temas que se someten al Congreso.
Otro problema es el transfuguismo. Es decir, es la fácil renuncia de congresistas a los grupos por los que fueron inicialmente electos para incorporarse a otro.
Asimismo, la aprobación o rechazo de los asuntos públicos muchas veces no responde al interés público o al interés en reformas estructurales para el país, sino más bien busca priorizar intereses particulares (propios o de terceras personas, como de quienes aportan financieramente a sus campañas o partidos).